Serie Cronología republicana 1810-2010. Cap 13

Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgüez y Giancarlo Caravaggio. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como arroba pisolacultural y también puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com.

Bienvenidos todos al capítulo 13 de esta serie que venimos desarrollando, titulada Cronología republicana 1810-2010. Hoy comenzamos con el año 1988, cuando el profesor José Rafael Lovera publica su Historia de la alimentación en Venezuela.

Este trabajo del historiador Lovera es pionero en el país. Formidablemente documentado y bien escrito, la investigación es un placer de revelaciones elocuentes sobre la venezolanidad. Además, Lovera es el fundador y alma del CEGA, Centro de Estudios Gastronómicos, fundado por él mismo en 1988 y con una luminosa trayectoria en la formación de cocineros en Venezuela, siempre rescatando la gastronomía vernácula.

Claro, el profesor Lovera falleció hace algunos pocos años y el CEGA, el Centro de Estudios Gastronómicos, pareciera haber corrido la misma suerte que él. Lamentable, porque allí se formaron muchos cocineros venezolanos. Y el 3 de julio de 1988 se funda Televen.

Las transmisiones en señal abierta comenzaron ese día. El fundador de la empresa, Omar Camero Zamora, veía su sueño hecho realidad, y desde entonces la señal del canal televisivo ha ido creciendo al punto en que su rating es de los mayores del espectro televisivo nacional al día de hoy.

Y llegamos a 1989, cuando el 2 de febrero asume la Presidencia de la República Carlos Andrés Pérez. La segunda presidencia de Pérez comenzó con un acto de toma de posesión en el Teatro Teresa Carreño ese 2 de febrero, y no en el Capitolio Federal, como había sido costumbre durante muchísimos años. Así ocurrió porque el número de invitados internacionales sobrepasaba la capacidad del viejo Palacio Federal Legislativo.

Esto, además, señalaba que las relaciones internacionales de Pérez, lejos de disminuir desde que concluyó su primer mandato, habían crecido notablemente. El 16 de febrero, el gobierno, en una locución pública, estableció las coordenadas del nuevo modelo económico que imperaría en el país, sustituyendo el que contaba con años de vigencia. Me refiero al de la industrialización por sustitución de importaciones.

Y para quienes no habían leído el plan de gobierno presentado por Pérez en la campaña, es decir, como siempre, la inmensa mayoría de los venezolanos, el llamado paquete económico fue una sorpresa. Sobre todo para aquellos que votaron por Pérez creyendo que por arte de magia volverían las vacas gordas de su primer mandato. El cambio en el modelo económico era sustancial.

Si antes las tasas de interés las fijaba el Banco Central de Venezuela, ahora serían liberadas para que las determinara el mercado. Si antes el Estado era el gran empresario, constructor y comerciante diverso, ahora se privatizarían todas aquellas empresas de servicios públicos que pudieran estar en manos privadas prestando un servicio más eficiente. Si antes se subsidiaba la gasolina, ahora se incrementaría su precio con miras a llegar a un precio internacional.

Si antes el Estado subsidiaba a la industria privada, cubriendo los márgenes que por diversas razones esta no podía alcanzar, ahora se eliminarían los subsidios. Si antes se protegía a la industria nacional fijando aranceles muy altos a los productos importados, ahora se eliminarían los aranceles y se abriría totalmente el mercado. Con ello se obligaba a las empresas venezolanas a competir en igualdad de condiciones con las extranjeras que quisieran establecerse aquí o traer sus productos desde afuera.

El conjunto de medidas diseñaba el cuadro de una economía liberal ortodoxa, en perfecta conjunción con las medidas que el FMI solicitaba de los países que acudían ante sus taquillas para pedir un préstamo. Esa era la situación de Venezuela, ya que durante el gobierno anterior, el de Jaime Lusinchi, se habían agotado las reservas internacionales. Para poder intentar un modelo de economía de mercado era necesario disponer de un número más elevado de reservas que permitieran el libre juego de la economía.

No obstante la lógica de estos planteamientos, lo cierto es que Pérez había afirmado durante su campaña que no acudiría ante el FMI, mientras el diseño del paquete económico indicaba todo lo contrario, cosa que decepcionó muy rápidamente a los electores, que habían oído sus discursos de campaña, pero no habían leído el programa de gobierno. En el fondo, lo que buscaba el cambio de modelo económico era una revolución en el papel del Estado en la dinámica económica, pasando la iniciativa a la esfera privada, dado que los precios del petróleo habían bajado notablemente y era imposible que el Estado cumpliera con su rol paternalista cuando no disponía de los recursos para ello. Una vez más, Venezuela se veía obligada a cambiar de rumbo en razón de la dinámica de los precios del petróleo.

Además, la modificación se inscribía dentro de un cambio general en el planeta, ya que ese mismo año el socialismo real desaparecía con la caída del Muro de Berlín, y la convicción de que el socialismo era incapaz de generar riqueza era generalizada y prácticamente unánime. De tal modo que muchos países del mundo pasaron a desmontar sus sistemas estatistas. Venezuela no fue la excepción.

Y el 27 de febrero, una explosión social inesperada: el llamado Caracazo. La medida que tocó más sensiblemente el bolsillo de la gente de manera inmediata fue el aumento del precio de la gasolina, que incidió en el costo del pasaje del transporte colectivo. En Guarenas y Guatire se produjeron las primeras protestas en la mañana del 27 de febrero, pero muy pronto se extendieron a toda Caracas y a otras ciudades del país.

Ya en la tarde los saqueos de comercios habían comenzado y la televisión retransmitía las escenas de vandalismo y violencia. En la noche la situación ya era de emergencia nacional, por lo que el gobierno le solicitó a las Fuerzas Armadas que restablecieran el orden. Luego se suspendieron las garantías constitucionales, se declaró el toque de queda y el Ejército y la Guardia Nacional reprimieron duramente a los saqueadores, con un resultado lamentable de fallecidos, muchos de ellos inocentes que no participaban de los actos vandálicos.

Nunca antes se había vivido en el país una situación como esta, que además comprometía los planes de un gobierno que estaba comenzando, el de Pérez. Mucho se ha especulado acerca de si se trató de un estallido espontáneo o de algo inducido a partir de un plan. Algunos militantes de la izquierda radical de aquellos años se han atribuido el origen del estallido, pero los hechos indican que la espontaneidad también estuvo presente. Quizás, como suele suceder, fue una combinación de espontaneidad con mínima planificación.

Pudiera ser. En cualquier caso, el resultado fue el mismo: una gran revuelta social que puso al gobierno en una posición muy difícil para implementar un nuevo modelo económico para el que se necesitaban grandes sacrificios de la población.

Y el 3 de diciembre de 1989 tuvieron lugar las elecciones directas de gobernadores, alcaldes y concejales. Se daba entonces el paso democrático más importante desde los tiempos de la firma del Pacto de Puntofijo, ya que la elección directa de las autoridades locales era lo mínimo que podía aspirarse en un sistema democrático. A partir de esta fecha, el cuadro político venezolano comenzó a cambiar.

Acción Democrática obtuvo el 39,37% de los votos en la elección de gobernadores; COPEI, el 32,85%; el MAS, 17,69%; y La Causa R, el 2,62%. Con esto quedaba claro que había liderazgos regionales que el elector reconocía. En Aragua comenzó a gobernar Carlos Tablante, del MAS; en Bolívar, Andrés Velásquez, de La Causa R; en Carabobo, Henrique Salas Römer, de COPEI y los independientes; en el Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, de COPEI; y en la Alcaldía de Caracas, Claudio Fermín, de Acción Democrática.

Casi todos ellos en el futuro fueron candidatos presidenciales, de modo que se trasladaba el liderazgo de las cúpulas de los partidos políticos al desempeño administrativo en las gobernaciones. En la próxima parte del programa continuamos con este fenómeno del año 1989. Ya regresamos.

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Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. En la parte anterior del programa nos quedamos en el año 89, el 3 de diciembre, cuando tuvieron lugar por primera vez las elecciones directas, universales y secretas de gobernadores, alcaldes y concejales.

Y esto fue un golpe mortal para los organismos centrales de los partidos políticos, ya que la fuente del poder se trasladó de esas cúpulas a los electores, y los líderes comenzaron a rendirles cuentas a sus bases. Este paso, que no se ha valorado suficientemente, supuso un cambio de conducta y de estrategia de los partidos políticos establecidos, pero esto no se dio en la magnitud requerida, y seguramente fue una de las causas que trajo como consecuencia la decadencia del sistema bipartidista.

Y llegamos al 4 de febrero de 1992. La noche del 3 de febrero, cuando el presidente Pérez regresaba de Davos, en Suiza, fue la escogida por los conjurados para la insurrección militar. Comandada por tenientes coroneles e integrada por mayores, capitanes, tenientes y tropa, se alzó en los cuarteles de Maracaibo y Valencia.

Al teniente coronel Hugo Chávez, a quien le correspondía tomar el Palacio de Miraflores después de haber tomado el cuartel de La Planicie, no le fue posible hacerlo. Fue entonces cuando por televisión, en la mañana del 4 de febrero, llamó a sus compañeros de armas a entregarse, señalando que, por ahora, no se habían logrado los objetivos. Se entregaron entonces Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, Yoel Acosta Chirinos y Jesús Miguel Ortiz, todos ellos integrantes del comando de conjurados.

El intento había fracasado, pero el país asistía atónito a un hecho que pensaba había quedado en el pasado: el golpe de Estado militar. También había observado con estupor y hasta con admiración a un hombre que se hacía responsable por su fracaso, cosa infrecuente en la vida pública venezolana de aquella época.

Y en entrevista sostenida con el profesor Agustín Blanco Muñoz, publicada en 1998 en el libro Habla el comandante, Hugo Chávez señalaba que comenzaron a conspirar en serio cuando juraron ante el Samán de Güere el 17 de diciembre de 1982, es decir, diez años antes. De modo que esta década les tomó ir ascendiendo dentro de las Fuerzas Armadas hasta tener mando de tropa y poder ejecutar una acción armada.

La existencia de estos conjurados se la advirtió la DIM, Dirección de Inteligencia Militar, al presidente Pérez, pero este la desestimó. Incluso en alguna oportunidad les quitaron mando de tropa ante los indicios, pero al tiempo el ministro de la Defensa de entonces, el general Fernando Ochoa Antich, no halló nuevos indicios conspirativos y les devolvió el mando de tropa. Bueno, no puede decirse entonces que la intentona los tomó completamente por sorpresa.

Y el 27 de noviembre de ese mismo año 1992, otro grupo de conjurados militares organizó su revuelta. Esta vez involucraba especialmente a la Aviación, con lo que los caraqueños tuvimos el espectáculo de un bombardeo sobre lugares estratégicos de la capital y, de nuevo, el fracaso del intento.

Y llegamos a 1993, cuando el 20 de mayo Carlos Andrés Pérez es separado del cargo de presidente de la República. Así son los hechos. El 11 de enero de 1993, el periodista y excandidato presidencial José Vicente Rangel denuncia ante la Fiscalía General de la República el mal uso de la partida secreta por un monto cercano a los 250 millones de bolívares y solicita ante el fiscal un antejuicio de mérito contra el presidente Pérez.

El fiscal general Ramón Escovar Salom, el 11 de marzo, interpone ante la Corte Suprema de Justicia, cuya composición había cambiado gracias a las presiones del Grupo de los Notables, la acusación contra Carlos Andrés Pérez, el ministro de Relaciones Interiores Alejandro Izaguirre cuando sucedió el hecho, y el ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República de aquel momento, Reinaldo Figueredo Planchart. Se les acusaba de peculado y malversación de fondos al hacer uso de la partida secreta.

El 20 de mayo de 1993 se conoció la ponencia solicitada por la Corte Suprema de Justicia al presidente del máximo cuerpo colegiado del Poder Judicial, el magistrado Gonzalo Rodríguez Corro. Entonces se declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito, y al día siguiente se reunió el Congreso Nacional y autorizó el juicio, separando a Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República.

A partir de entonces, en razón de que la soberanía reside en el Poder Legislativo, el presidente del Senado, Octavio Lepage, asumió la Presidencia de la República. Sin embargo, el Congreso Nacional nombró, el 5 de junio de 1993, al senador Ramón J. Velásquez presidente de la República, para que culminara el período constitucional 1989-1994. Gobernaría desde esta fecha, 5 de junio, hasta el 2 de febrero de 1994: ocho meses exactos.

El presidente Pérez, aquel 20 de mayo, en alocución pública, leyó una carta que es un documento histórico de la mayor importancia. Afirmó: "Fue en 1992 que brotó la soterrada conspiración civil que aprovechó astutamente la conmoción producida por la felonía de los militares golpistas, la misma conspiración de hoy que recurre a otros métodos porque se agotaron todos los demás, desde la metralla y el bombardeo implacable hasta la muerte moral. Si no abrigara tanta convicción en la transparencia de mi conducta, que jamás manchará mi historia, y en la seguridad del veredicto final de la justicia, no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte".

Bien, y el 5 de junio Ramón J. Velásquez se juramenta como presidente de la República para terminar el período quinquenal de Pérez, elegido por el Congreso Nacional. El primer problema que confrontó Velásquez al no más asumir el mando fue uno vinculado con el proceso electoral. Los partidos políticos iban a enfrascarse en una contienda y no estaban dispuestos a formar parte de un gobierno de poca duración que podía incidir en la percepción de los electores sobre sus organizaciones.

De tal modo que Velásquez gobernó sin mayor apoyo de los partidos políticos, aunque sí le otorgaron en el Congreso Nacional una ley habilitante que le permitía administrar en materia económica y financiera por decreto.

Y este año de 1993 Manuel Caballero publica Gómez, el tirano liberal. De los historiadores venezolanos, el dueño de la escritura elocuente era Manuel Caballero. Esto es lo primero que puede decirse de él, nacido en 1931 y fallecido en 2010.

Este feraz historiador y periodista barquisimetano era un hombre de ideas, un intelectual, y entre su vasta obra destaca su estudio Gómez, el tirano liberal, de los mejores trabajos de interpretación que se han escrito sobre la época y la figura enigmática del dictador tachirense.

Y llegamos a 1994, cuando el 21 de enero estalla la crisis bancaria. Son varios los estudios publicados sobre el tema de las crisis bancarias y, en especial, la venezolana de 1994-1995. Entre esos estudios destacan el de Francisco Faraco y Romano Suprani, que se titula La crisis bancaria venezolana.

También destaca el de Morela Arrocha y Edgar Rojas, Las crisis bancarias en Venezuela: antecedentes, desarrollo e implicaciones. Y el estudio de Leonardo Vera y Raúl González, titulado Quiebras bancarias y crisis financieras en Venezuela: una perspectiva macroeconómica. Los tres estudios ayudan a profundizar en las causas del fenómeno.

Todos señalan que las causas fueron incubándose durante años, que los desequilibrios venían presentándose desde tiempo antes de hacer eclosión, propiamente, el problema. Unos le atribuyen mayor importancia a unas causas y otros a otras, pero todos coinciden en que fallaron los mecanismos de supervisión por parte del Estado.

Algunos señalan que las instituciones financieras se dedicaron a tareas que no les correspondían. Otros, más severos aún, hablan de un fraude contra la confianza de los ahorristas y otros, más comprensivos, le atribuyen notable importancia al conjunto de variables macroeconómicas, como son el precio del petróleo, las tasas de interés en los Estados Unidos. Otros le atribuyen las causas a aspectos puntuales y esenciales del negocio bancario: la constitución de oficinas offshore, el pago de altos intereses que terminó haciendo inviable el esquema operativo de las instituciones.

En la próxima parte del programa continuamos con este tema de la crisis bancaria. Ya regresamos.

Seguimos con el año 1994, el 21 de enero, cuando estalla la crisis bancaria. Los intereses por dinero colocado en los bancos llegaron a arrojar un promedio cercano al 50% en 1993, lo que representaba cerca de un 18% de rendimiento en dólares, algo inusitado y a todas luces imposible de sostener.

Esto a su vez condujo a lo que se ha llamado una huida hacia adelante, es decir, que los bancos buscaban dinero enfáticamente, remunerándolo altamente para cubrir sus propias debilidades. En suma, el sistema había perdido su equilibrio, se enfermó y no se pudo controlar la enfermedad sino cuando ya la gravedad era máxima, en terapia intensiva. La punta del iceberg de la crisis se presentó el 13 de enero de 1994, cuando el Banco Central de Venezuela excluyó al Banco Latino de la Cámara de Compensación.

El 26 de enero comenzaron a instrumentarse las ayudas financieras a bancos comprometidos en su situación. Se auxilió entonces al Amazonas, Bancor, Barinas, Construcción, La Guaira, Maracaibo, Metropolitano y Fiveca. Y el 8 de marzo, la Junta Interventora del Latino, presidida por Gustavo Roosen, presentó la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras.

Ya en junio se suspendieron las ayudas financieras y se intervino a los ocho bancos. La seguidilla de fragilidad financiera siguió su curso: fueron intervenidos el Banco de Venezuela, el Progreso, el República, el Ítalo, el Andino y el Profesional. En suma, la crisis bancaria afectó a 49 instituciones de las 130 existentes. Para 1995, el costo de la crisis para el Estado venezolano llegaba a 8.500 millones de dólares, siendo la más severa en la historia de las crisis bancarias del mundo.

Bueno, y llegamos al 2 de febrero de 1994, cuando asume la Presidencia por segunda vez el doctor Rafael Caldera. Y aunque Caldera ganó con el 30,46% de los votos, el partido que más sufragios recibió fue AD con 24,07%, mientras Convergencia obtenía 13,43%; el MAS, 10,87%; COPEI, 22,80%; y La Causa R, 20,78%.

Había crecido muchísimo este partido. Después de Caldera llegaron Claudio Fermín, de AD; Oswaldo Álvarez Paz, de COPEI; y Andrés Velásquez, de La Causa R. Como vemos, los integrantes del bipartidismo AD y COPEI obtenían juntos el 46,87% de los votos, mientras la izquierda del MAS y La Causa R sumaban juntos el 31,65%, dejando el centro a Convergencia, que era el partido que se había creado alrededor de Caldera.

A todas luces había ocurrido un desplazamiento de los favores electorales, dividiéndose el país en tres: la suma de los dos partidos tradicionales, una excepción temporal, Convergencia, y el crecimiento de la izquierda en dos factores, La Causa R y el MAS. El bipartidismo había llegado a su final.

La composición del Congreso Nacional con que gobernaría Caldera obligaba a nuevas combinatorias. Caldera alcanzaba la Presidencia de la República por segunda vez en medio de un cuadro electoral cuatripartito y con un elemento nuevo de significativa importancia: la abstención. Según la Comisión Nacional de Totalización del Consejo Nacional Electoral, la abstención a partir de 1958 se comportó de la siguiente manera.

En el año 1958 fue de 6,58%. En el año de 1963 fue de 7,79%. En el año de 1968, 3,27%, casi inexistente. En el año de 1973, 3,48%.

En el año 1978 subió a 12,45%. En 1983 se mantuvo en 12,25%. En 1988, 18,08%. Y en 1993, en esta elección de Caldera, llegó al 39,84%. Casi el 40% de los electores no fueron a votar en 1993.

Esta cifra hizo de la abstención un actor político, sin duda indeseable para el sistema democrático, pero inevitable en cualquier análisis que se haga. Y el 1 de diciembre de 1994 se funda Globovisión, un canal de noticias creado por Guillermo Zuloaga Núñez, Luis Teófilo Núñez Arismendi, Nelson Mezerhane y Alberto Federico Ravell. Fue vendido en el año 2013 a Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo. Su línea editorial de denuncia le valió ejercer una influencia determinante en la vida política venezolana durante muchos años.

Llegamos a 1996, cuando el 15 de abril se crea la Agenda Venezuela. La política de abrir la industria petrolera venezolana a empresas extranjeras que, en asociación con PDVSA, pudieran invertir para explotar la Faja Petrolífera del Orinoco y otros campos, se basaba en la evidencia de no contar PDVSA con los recursos para hacerlo, ya que los precios del crudo no se lo permitían. De modo que no adelantar esta política de apertura petrolera condenaba al país a no poder explotar unos recursos que estaban en el subsuelo.

Se buscaba con esto incrementar la explotación petrolera venezolana, y se preveía alcanzar la cifra de casi 6 millones de barriles diarios para el año 2005. Como sabemos, eso no ocurrió. Se licitaron los campos en un acuerdo de participación; en la mayoría de los casos, acuerdos a medias entre PDVSA y las nuevas concesionarias.

Y en 1996 ingresó al Fisco Nacional una cantidad considerable por este concepto y comenzó una nueva etapa en la industria petrolera venezolana. Pocos meses después de decidido el proceso de apertura petrolera, se puso en movimiento la llamada Agenda Venezuela. De ella el principal vocero y entusiasta fue el ministro de Cordiplan de entonces, Teodoro Petkoff Malec, quien presentó el nuevo esquema el 15 de abril de 1996.

Pero esto lo veremos en la última parte del programa. Ya regresamos.

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Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Veníamos hablando de la apertura petrolera y de la Agenda Venezuela en el año 1996. Recordemos que el período iniciado en 1994 estuvo signado por un control de cambios en paralelo con la crisis del sistema financiero que enfrentó el gobierno de Caldera al comenzar.

Esto cambiaba a la luz de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que brindaba confianza a los inversionistas y permitía comenzar a superar la difícil situación económica en que se encontraba el país. Sobre la base de esta agenda, la economía nacional mejoró considerablemente durante 1996 y parte de 1997. Todas las cifras recogían esa mejoría, pero en los meses finales de 1997 los precios del petróleo comenzaron a bajar estrepitosamente hasta tocar el piso de los 9 dólares por barril.

Como puede imaginarse, las consecuencias para una economía petrolera como la nuestra fueron severas y se reflejaron de inmediato en el cuadro electoral de 1998. Llegamos a 1999, cuando el 2 de febrero asume la Presidencia de la República el teniente coronel retirado Hugo Chávez Frías.

Y en septiembre de 1997, justo antes de que comenzaran a bajar los precios del petróleo, la antipolítica tenía en la alcaldesa de Chacao, Irene Sáez, a una candidata que figuraba muy alto en las encuestas. Tan alto estaba el favor popular hacia ella que parecía imposible que perdiera las elecciones de 1998, ya que el apoyo rondaba el 70% del electorado. Pero a partir de la caída de los precios se desplomó su candidatura.

Mientras, subían las de dos adalides de la antipolítica de entonces, Hugo Chávez y Henrique Salas Römer. El descalabro de AD y COPEI en las elecciones fue abrumador, quedando el bipartidismo en el olvido, aunque la polarización electoral no, ya que la mayoría de los votos se dividieron entre Chávez, 56,20%, y Salas Römer, 39,97%. Comenzaba una nueva etapa para Venezuela. La crisis del sistema de partidos políticos era evidentemente muy severa.

Y Hugo Chávez Frías recibe la banda presidencial el 2 de febrero de 1999 de manos del recién electo presidente del Congreso Nacional, el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, ya que el presidente Caldera no quiso colocársela él mismo. Esto fue interpretado como un símbolo. Chávez, por su parte, juró sobre la Constitución "moribunda" de 1961, así la llamó, haciendo alusión a que se iniciaba un proceso que conduciría hacia la redacción de una nueva Constitución de acuerdo con lo que fue su oferta electoral básica.

Y el 25 de julio de 1999 hubo comicios para la Asamblea Nacional Constituyente. El 25 de abril tuvo lugar un referéndum consultivo nacional que invitaba a responder a una pregunta, sí o no. La pregunta era: "¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa?".

En esta consulta participó el 37,65% de los electores y se abstuvo el 62,35%. Una abstención enorme. De los que participaron, el 87,75% dijo que sí. De inmediato se convocó a elecciones para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente.

Los comicios tuvieron lugar el 25 de julio de 1999 con el sistema nominal, y fue por ello que la mayoría de los electos, salvo seis diputados, eran afectos al gobierno, ya que el sistema nominal abolía el sistema proporcional de las minorías, produciendo un extraño cuadro. Vamos a ver en qué consistía esta extrañeza. Cerca del 40% de la población votó a favor de los candidatos de la oposición y, sin embargo, obtuvo el 5% de los escaños: seis escaños. Mientras, el 60% votó a favor del gobierno y obtuvo el 95% de los escaños: 125 diputados.

Bueno, a todas luces la representación no reflejó la voluntad nacional en su exacta dimensión. En todo caso, constituida la Asamblea Nacional Constituyente y presidida por Luis Miquilena, la redacción de la nueva Constitución comenzó de inmediato.

Y el 15 de diciembre, el referéndum en el que se consultó sobre la aprobación o no de la nueva Constitución Nacional tuvo lugar ese día, 15 de diciembre de 1999, en medio de la Tragedia de Vargas. La abstención fue del 55,63%, según los datos oficiales del CNE; de modo que, del 44% de los electores que participaron, el 71,78% aprobó la Constitución, mientras el 28,22% dijo no.

En paralelo, entre el 5 y el 20 de diciembre de 1999 se produjeron precipitaciones inusuales en la franja costera central del país, produciéndose deslaves en la Cordillera de la Costa que arrasaron con urbanizaciones completas, con pueblos enteros, calculándose en cerca de 30.000 el número de fallecidos. Pero este número nunca ha podido ser precisado.

Y esta ha sido, sin duda, la más grave tragedia natural que ha padecido Venezuela. Así llegamos al final de nuestro programa. En el próximo programa, el último capítulo, el capítulo 14, comenzaremos el año 2000, cuando se juramentará por segunda vez Hugo Chávez de acuerdo con la nueva Constitución Nacional aprobada en 1999.

Como siempre, ha sido un placer hablar para ustedes y nos vemos, nos oímos en nuestro próximo encuentro, cuando lleguemos al último capítulo de esta serie, el capítulo número 14. Hasta nuestro próximo encuentro.