Serie La Democracia en Venezuela. Cap 9. El bipartidismo, la antipolítica, la descentralización (1974-1998)

Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caravaggio. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com, debes buscar la pestaña de radio en vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb y @RadioEscuelaUR. En este capítulo 9 recordemos dónde dejamos el hilo en el capítulo ocho.

Veníamos hablando de cómo se fue conformando un sistema bipartidista, que va a tener una vigencia electoral de 20 años entre 1973 y las elecciones de 1993, donde cambió radicalmente. Además hay otro elemento que debemos señalar, que tuvo una incidencia muy importante en la democracia venezolana por razones obvias, y es el aumento del precio del petróleo. Les recuerdo lo siguiente: en 1948 el precio promedio del barril de petróleo venezolano fue de 2,41 dólares, en 1958, 10 años después, estaba en un promedio de 2,50 dólares, y en 1972, 14 años después, seguía en un promedio de 2,52 dólares por barril.

De tal modo que estamos hablando de una estabilidad en los precios de 24 años y en 1974 ascendió a 10,53 dólares por barril, crecimiento enorme, y en 1981 el promedio del año fue 29,71 dólares por barril. A todas luces un crecimiento en los precios enorme, aparejado con el crecimiento de la producción nacional; escuchen las cifras. En 1948 la producción fue de 1.338.798 barriles diarios, 10 años después, en 1958, el promedio fue de 2.604.840 barriles diarios, y en 1970 la producción llegó a 3.708.000 barriles diarios.

La pregunta del rigor: ¿era posible administrar esta montaña inimaginable de dólares con criterio de escasez? Era muy poco probable que eso ocurriera. Por el contrario, en 1986, cuando los precios bajaron a un promedio anual de 12,86 dólares por barril, ya la deuda contraída, que hizo crisis en 1983, era de cerca de 30.000 millones de dólares. Por si fuera poco, Pérez, en su primer gobierno (1974-1979), creó decenas de empresas del Estado y estatizó las empresas mixtas desde la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

De tal modo que el Estado empresario comenzó su apogeo, además de financiar y proteger a la industria privada por la vía de la ISI (industrialización por sustitución de importaciones) desde 1946. El Estado se tornó empresario con resultados económicos desastrosos, con muy pocas excepciones. Desde el punto de vista de la democracia, era evidente que se estaba creando un desequilibrio enorme entre el Estado y la Nación, ya que cerca del 98% de las exportaciones del país eran petroleras y, a partir de 1976, la industria pasó a manos del Estado. La democracia nacional sufrió un cambio notable en sus factores de poder: era imposible que no ocurriera, se juntaron dos variables, aumentaron los precios de manera estratosférica y el control del 100% de la industria petrolera por parte del Estado.

Lamentablemente se profundizó el estatismo. No se enriqueció la nación en la misma proporción que lo hizo el Estado. Veamos la coyuntura: Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones de 1973 con el 48,70% de los votos; también AD recuperó notablemente su caudal electoral, pasando del 25,57% de votos en 1968 a 44,44% de los sufragios en 1973. Este ascenso trajo como consecuencia que Pérez pudiera comenzar un gobierno el 12 de marzo de 1974 con gran apoyo popular, con definitivo respaldo en el Congreso Nacional y con el impulso que traía de la campaña electoral que se articuló sobre la base de un lema oportuno: democracia con energía.

Pérez solicitó al Congreso, en los primeros meses de 1974, poderes extraordinarios para gobernar por decretos y leyes en materia económica y financiera durante un año. El Parlamento le concedió la Ley Orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Esta concesión no solo convertía al gobierno de Pérez en uno de los más poderosos de nuestra historia hasta aquella fecha, por supuesto, sino que despertó muchas críticas de juristas que consideraban que el Poder Legislativo había claudicado en sus atribuciones ante el Poder Ejecutivo. En todo caso, el gobierno comenzó a hacer uso de estos poderes y a administrar la alza inusitada de los precios del petróleo.

El 1° de enero de 1975 se estatizó la industria de la explotación del mineral de hierro con un acto en Ciudad Guayana; concluía un proceso que se había iniciado en mayo de 1974, mediante el cual las concesiones que detentaban las empresas extranjeras expiraron el 31 de diciembre de ese año. En paralelo, el gobierno fue adelantando la estatización de la industria petrolera, que dadas sus dimensiones presentaba mayores desafíos para el Estado. Se adelantó exitosamente y el 1° de enero de 1976 la industria petrolera pasó a manos de la República. Para tal fin se creó la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) como empresa holding de las operadoras que sustituían a las empresas extranjeras.

Una parte del año 1975 la agenda pública estuvo tomada por la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera. En particular se discutía el artículo quinto que le permitía al Estado adelantar asociaciones estratégicas puntuales con empresas extranjeras en determinado aspecto de la industria petrolera. Los críticos del proyecto de ley consideraron que esto les abría una posibilidad tan grande a las empresas extranjeras y desvirtuaba la nacionalización misma, de allí que comenzaron a llamarla "nacionalización chucuta" para señalar su insuficiencia. En el debate intervinieron muchos oradores, incluso ofrecieron discursos los expresidentes Betancourt y Caldera.

El primero leyó un texto que ha quedado como una suerte de resumen de lo que Venezuela hizo con su principal industria desde 1936 hasta el año 1975; finalmente, con los votos de AD, la ley se aprobó y la industria petrolera pasó a ser gerenciada por venezolanos. Durante el primer gobierno de Betancourt se creó la CVF, Corporación Venezolana de Fomento, en 1946, como vimos antes, para que el Estado prestara labores de fomento de la industria privada nacional. Y ahora no solo se mantenía y se incrementaba el sistema crediticio del Estado para con los empresarios nacionales, sino que el mismo Estado creaba empresas públicas, en particular en áreas consideradas estratégicas o de las llamadas industrias pesadas.

Todo esto se adelantaba dentro del marco de una política pública continental: la industrialización por sustitución de importaciones, y, en el caso específico venezolano, dentro del quinto plan de la nación diseñado por Cordiplán y conocido como el Plan de la Gran Venezuela. El modelo económico establecido en el país, fundado en el proyecto de sustituir importaciones para producción nacional, se apoyaba en políticas arancelarias que tendían a gravar el producto importado en defensa del nacional y todo ello dentro de un sistema de control de precios fijados por el gobierno. Este modelo, que venía funcionando desde finales de la década de los años 40, se vio repotenciado por el incremento de los precios del petróleo, cuando no solo hubo recursos para prestar a los empresarios privados, sino que el Estado mismo se dedicó a la creación de empresas.

Con tales niveles de ingresos en el Fisco Nacional y gozando todas estas empresas estatales de autonomía administrativa, muchas de ellas pidieron préstamos para su crecimiento y los obtenían con facilidad por parte de la banca internacional. Ya para finales del gobierno de Pérez algunos economistas señalaron que el nivel de la deuda pública era muy alto, pero la crisis, como veremos, se presentó luego en 1983. En breve continúa ¡Venezolanos!

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Concluía el primer gobierno de Pérez y la verdad que su permanente viajar por el mundo, acudiendo a foros internacionales, lo erigió como un líder latinoamericano importante, sobre todo del conjunto que geopolíticamente se identificaba como el Tercer Mundo. Pérez contribuyó decididamente con procesos democráticos en diversos países y buscó entonar una voz propia en los escenarios internacionales. Una voz que en el contexto de la Guerra Fría representaba a los no alineados, ni por un polo ni por el otro. Su visibilidad internacional se hizo clara en estos cinco años de gobierno, sobre todo desde la tribuna del socialismo a la que pertenecía su partido y luego llegó a ser Pérez vicepresidente.

Una vez abandonó el cargo, a los analistas políticos les quedó muy claro que era probable que Pérez aspirara de nuevo 10 años después, así como lo pautaba la Constitución de 1961, y así fue. No cabe duda de que el país cambió en muchos órdenes durante su primer mandato; quizás el más señalado con paso del tiempo sea el del tamaño del Estado o las esferas de influencia de la acción estatal, siempre dentro de la órbita de asignarle mayor protagonismo dentro de vida nacional. No solo como actor político sino como factor económico principal: también hay que decirlo. El país se aceleró, pasó de un ritmo presupuestario sosegado a otro prácticamente vertiginoso.

Las consecuencias de este impulso, dado por los precios del petróleo y la personalidad de Pérez, todavía se discute si fueron convenientes o no. En cualquier caso, a la luz de los hechos posteriores, todo el proyecto de endeudamiento público fue desastroso para la economía del país, pero hay que señalar que cuando se cuenta con altos ingresos son pocos los que piensan en qué ocurrirá cuando no se disponga de ellos. En cuanto al trasfondo político de su gobierno, salvo que no escogió a los más conspicuos dirigentes del partido para todos los cargos de significación, cumplió con las líneas trazadas por AD desde la fundación y le tocó cumplir uno de los mayores sueños de su partido: la estatización de la industria petrolera.

Además, el mandato de Pérez marcó el distanciamiento de su mentor político, Rómulo Betancourt, quien consideró probables las hipótesis de corrupción del gobierno tachirense y se empeñó dentro de su partido en una cruzada de saneamiento administrativo encabezado por el candidato presidencial que Betancourt había respaldado internamente, Luis Piñerúa Ordaz. Este distanciamiento entre Pérez y Betancourt trajo hondas consecuencias dentro del partido. Además de la corrupción administrativa, es cierto que Betancourt no se sentía cercano al equipo gubernamental que Pérez había escogido para su tarea, pero Pérez ya tenía fuerza propia como para imponer su voluntad. La tensa situación dentro de AD entre Betancourt y Pérez se prolongó después del gobierno durante dos años más, hasta que la muerte le salió al paso al fundador del partido en 1981.

Luis Herrera Campins asume la presidencia de la República el 12 de marzo de 1979 y, de inmediato, conforma un gabinete ejecutivo en el que la mayoría de sus integrantes provienen de la región centro-occidental del país. Siendo Herrera uno de los fundadores de COPEI, desde comienzos de su vida pública logró aglutinar en torno suyo un conjunto de compañeros de visión política, en su mayoría provenientes de su estado natal, Portuguesa, y de los vecinos del área de Barinas. Este dato es significativo porque desde los tiempos de la hegemonía tachirense, 1899-1945, en ningún gobierno se había notado un sesgo regional como este de Herrera Campins que se inauguraba. Además, se trataba del primer dirigente de COPEI que alcanzó el poder sin pertenecer a la corriente de allegados a su líder fundador, Rafael Caldera.

En la matriz de opinión del venezolano, Herrera se ubicaba a la izquierda de Caldera y se le entroncaba con tradiciones venezolanas más ligadas en el campo e interior del país que con la capital y sus prácticas palaciegas. En el discurso de asunción de la Presidencia de la República, Herrera manifestó, voy a citar: "Recibo un país hipotecado", aludiendo a la deuda pública contraída por el gobierno de Pérez. Entonces los venezolanos creyeron que comenzaba un gobierno austero, de prácticas más domésticas y menos internacionales, guiado por la doctrina de la democracia cristiana, pero los hechos al final de su mandato señalan otro resultado.

Como veremos ahora, por más que el gobierno de Herrera Campins se propuso desacelerar la economía y bajar el ritmo del endeudamiento, la guerra en el Medio Oriente entre Irán e Irak disparó los precios del petróleo a niveles todavía mayores que los recibidos por el gobierno de Pérez. Si el precio promedio del barril venezolano en 1978 fue 12,04 dólares, el de 1980 fue de 26,44 dólares por barril. De tal modo que el ritmo de inversiones por parte del Estado y la asunción de deuda no se detuvo. Hasta que México, en 1982, se declaró en mora para cumplir con sus pagos; esto encendió la alerta roja del mundo financiero, ya que temían que otros países comenzaran a manifestar lo mismo.

La deuda en Latinoamérica más grande pesaba sobre México, Brasil, Argentina y un país bastante más pequeño que estos tres: Venezuela. Curiosamente, no son pocos los economistas que afirman que el origen de esta deuda está en los enormes recursos que los países árabes petroleros colocaron en la banca internacional; esta tuvo que salir a buscar a quién prestárselos y halló deudores en estos países citados. En el caso de Venezuela es irónico, porque el país fue beneficiario de los precios petroleros y también víctima del endeudamiento. A la crisis súbita de la deuda externa se sumó la caída leve de los precios del petróleo que comenzó a manifestarse en 1982.

Esto, más el pronunciamiento de México, condujo a que los venezolanos que tenían cómo hacerlo comenzaran a comprar divisas, alcanzándose un monto de compra contra las reservas internacionales que llegó un momento en que el Estado ya no pudo soportar. Se hizo necesario cerrar la venta de divisas el viernes 18 de febrero de 1983 y proceder a fijar un control de cambios diferencial y a devaluar la moneda. Entonces se creó RECADI, Oficina de Régimen de Cambio Diferencial, que estableció un cambio a 4,30 por dólar y otro a 7,50, que luego fue moviéndose en el tiempo. Además se le encomendó a una comisión ad hoc el trabajo de establecer el monto de la deuda externa venezolana, tanto pública como privada, que entonces no se conocía.

Era evidente que el modelo económico venezolano, fundado inicialmente en la industrialización por sustitución de importaciones, luego con el añadido del Estado empresario y siempre sobre las barreras arancelarias y los subsidios a los productos nacionales, había hecho crisis. La deuda y el comienzo de la caída de los precios del petróleo dejaban desnudo al modelo económico. Comenzaba otra era para Venezuela, mientras transcurría el gobierno de Herrera, el expresidente Caldera fue haciéndose el candidato indiscutible de COPEI. Al igual que Jaime Lusinchi se erigió como el candidato de AD. Finalmente, el 56,74% de los votos los obtuvo Lusinchi y Caldera el 34,54% de los sufragios; Petkoff por el MAS y Rangel por otros partidos de izquierda obtuvieron cifras de 4,17% y 3,34%.

Fue muy difícil para Caldera recibir el respaldo de su partido, que los lectores no le atribuyeran la crisis del Viernes Negro y el desgaste del gobierno. De tal modo que nunca remontó en las encuestas, que desde comienzo estuvieron a favor de Lusinchi; concluía el segundo gobierno de un demócrata cristiano, Luis Herrera Campins, y regresaba la socialdemocracia, pero con una situación económica cada vez más comprometida, ya que los precios del petróleo no recuperaban sus niveles de años anteriores y el país se había descapitalizado sensiblemente con la fuga masiva de divisas. El último gobierno signado por presencia de un partido político que hubo en Venezuela desde entonces, del siglo XX, fue el de Jaime Lusinchi; fue el último en elegir a dedo a los gobernadores de los estados nacionales, también fue el primero en gobernar en medio de la caída de los precios internacionales del petróleo después de la alza inusitada entre 1973 y 1982. Además, fue el gobierno de Lusinchi el que creó la COPRE, Comisión para la Reforma del Estado, cuando ya era evidente que el tamaño del Estado era insostenible y que las reformas democráticas eran inaplazables, pero no fue su gobierno el que las implementó.

Le dejó esa bisagra histórica a su sucesor. El médico pediatra Jaime Lusinchi asume la presidencia de la República el 2 de febrero de 1984. En sus discursos de toma de posesión estableció tres líneas de trabajo para su gobierno: el pago de la deuda externa hasta el último centavo, la necesaria reforma del Estado y un pacto social para la gobernabilidad. También, al designar a su gabinete ejecutivo y a los gobernadores de los estados, quedó claro que se trataba de una administración de Acción Democrática. Nada que extrañar, en ese entonces Acción Democrática recibía un respaldo del electorado.

Quizás el elector pensó que lo apropiado era entregarle todo el poder a un equipo que diera respuestas para la Venezuela de las vacas flacas que se anunciaba. En todos casos, junto con este panorama complejo, era vox populi que el aparato del Estado no funcionaba y que se hacía necesaria una reforma de todos los poderes públicos. Por ello, el 17 de diciembre de 1984 el gobierno creó la COPRE presidida por Ramón J. Velásquez y con Carlos Blanco como secretario ejecutivo. La COPRE comenzó un trabajo reuniendo a universitarios de todos los sectores y todas las corrientes políticas, haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer el Estado por la vía de su reducción, así como de la necesidad urgente de modificar el poder judicial y avanzar en la descentralización del poder central.

A medida que se iban entregando los trabajos de la comisión, se sentía que las reformas vulneraban las bases sobre las que habían levantado proyectos políticos y organizaciones políticas, y estas lo manifestaron abiertamente. Tanto fue así que ambos partidos hallaron la excusa para retrasar las reformas en la llegada del año electoral, y esto condujo a que hubiera una firma entre los dos candidatos de la Presidencia de la República en 1988: Carlos Andrés Pérez por Acción Democrática y Eduardo Fernández por COPEI firmaron un acuerdo para impulsar la aprobación de la Ley de Descentralización Política y Administrativa. Y así fue como se implementó en 1989, cuando ya un gobierno distinto al de Lusinchi administraba el Poder Ejecutivo. Las elecciones de 1988 arrojaron un resultado polarizado todavía mayor que los anteriores comicios.

Carlos Andrés Pérez se impuso con 52,88% de votos, mientras Eduardo Fernández obtuvo 40,39% de los votos y Teodoro Petkoff apenas el 2,71%. El esquema bipartidista estaba en su apogeo, presentándose dos fenómenos a señalar: el voto cruzado y la economía del voto. Petkoff obtuvo 2,71%, pero su partido, el MAS, obtuvo 10,14% de los votos para el Parlamento. De modo que allí ya se anunciaba un fenómeno que después vendría: es necesario señalar que el elector no identificó claramente al candidato Pérez con el gobierno de Lusinchi, ya que Pérez tenía vida política propia, dado que su liderazgo no dependía de su partido y, en verdad, si AD no lo hubiera apoyado sus posibilidades de triunfo igual eran muy altas.

La segunda presidencia de Pérez comenzó con una toma de posesión en el Teatro Teresa Carreño el 2 de febrero de 1989. Allí se dieron cita muchísimos mandatarios de distintos lugares del mundo y el 16 de febrero ese gobierno de Pérez, en alocución pública, estableció las coordenadas de un nuevo modelo económico que imperaría en el país, sustituyendo el que contaba con años de vigencia, el de industrialización por sustitución de importaciones. El cambio en el modelo económico era sustancial: si antes las tasas de interés las fijaba el Banco Central de Venezuela, ahora serían liberadas para que las determinara el mercado. Si antes el Estado era el gran empresario, constructor y comerciante diverso, ahora se privatizarían todas aquellas empresas de servicios públicos que pudieran estar en manos privadas, prestando un servicio más eficiente.

Si antes se subsidiaba la gasolina, ahora se incrementaría su precio con miras a llegar al precio internacional; si antes se protegía a la industria nacional fijando aranceles muy altos para los productos importados, ahora se eliminarían los aranceles y se abrirían totalmente los mercados. Con ello se obligaba a las empresas venezolanas a competir en igualdad de condiciones con las foráneas, que quisieran establecerse aquí o traer sus productos desde afuera. El conjunto de medidas económicas diseñaba el cuadro de una economía liberal, en perfecta conjunción con las medidas que el Fondo Monetario Internacional exigía a los países que acudían ante sus taquillas para solicitar un préstamo. Y esa era la situación de Venezuela, ya que durante el gobierno anterior se habían agotado las reservas internacionales y para poder intentar un modelo de economía de mercado era necesario disponer de un número más elevado de reservas que permitieran el libre juego de la economía.

En el fondo, lo que buscaba el cambio del modelo económico era una revolución en el papel del Estado en la dinámica económica, pasando la iniciativa a la esfera privada, dado que los precios del petróleo habían bajado notablemente y era prácticamente imposible que el Estado cumpliera con su rol paternalista cuando no disponía de los recursos para ello. El 3 de diciembre de 1989 tuvieron lugar las elecciones directas de gobernadores, alcaldes y concejales. Se daba entonces el paso democrático más importante en tiempos del Pacto de Punto Fijo, ya que la elección directa a las autoridades locales era lo mínimo a lo que podía aspirarse en un sistema democrático. A partir de esta fecha, el cuadro político venezolano comenzó a cambiar.

AD obtuvo el 39,37% de los votos en la elección de gobernadores. COPEI el 32,85%, el MAS 17,69% y la Causa R 2,62%. En Aragua comenzó a gobernar Carlos Tablante, del MAS; en Bolívar, Andrés Velásquez, de la Causa R; en Carabobo, Enrique Salas Römer, de COPEI; y los independientes en el Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, de COPEI. Y en la alcaldía de Caracas, Claudio Fermín, casi todos ellos en el futuro candidatos presidenciales. Para el año 1990 comenzaron a verse los primeros resultados al crecer la economía en 5,3%.

Bajó la inflación a 40,7% y ascendieron las reservas internacionales a 11.700 millones de dólares. Además, el ministro de Cordiplán, Miguel Rodríguez, anunció una reducción en la deuda externa del 20%, con una disminución de 50% en el pago de intereses. Al año siguiente la economía creció en 9,2% y se inició el proceso de privatizaciones de empresas del Estado que prestaban servicios públicos. Fue el caso de CANTV y DIASA que, al ser compradas por consorcios extranjeros en asociación con empresas venezolanas, trajeron un ingreso extraordinario al Fisco Nacional.

Por otra parte, la noche del 3 de febrero, en que el presidente Pérez regresaba de Davos, en Suiza, fue el día escogido por unos conjurados militares para una insurrección militar, comandada por tenientes coroneles e integrada por mayores, capitanes, tenientes y tropa, y se alzaron en los cuarteles de Maracaibo. Al teniente coronel Hugo Chávez le correspondía tomar el Palacio de Miraflores; a Francisco Arias Cárdenas, el Zulia; y a los otros, cada uno de los objetivos que se habían planteado. Una vez sofocada la rebelión se reúne el Congreso Nacional para debatir sobre los hechos en las mañanas del 4 de febrero y pide la palabra el senador vitalicio Rafael Caldera; entonces condenó el intento de llegar al poder por las armas, pero justificó comprensivamente los motivos que llevaron a los insurrectos a ello. A partir de entonces, la candidatura de Caldera, que ya era importante en las mediciones de las encuestas, subió todavía más hasta que llegó a la presidencia de la República. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.

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Si el gobierno de Pérez ya tenía problemas importantes a partir del Caracazo en febrero de 1989, ahora en 1992 se sumaba un intento de golpe de Estado, que en aquel momento no formaba parte del panorama de las posibilidades que se barajaban en Venezuela. Aunque varias personas públicamente lo advirtieron, hubo otro intento el 27 de noviembre de 1992 y también fracasó. Días antes, por cierto, de las elecciones de autoridades regionales. Por cierto, allí AD bajó su votación porcentual, COPEI subió, el MAS bajó y la Causa R duplicó sus votaciones. La alcaldía de Caracas fue ganada por Aristóbulo Istúriz, quien desplazaba a Claudio Fermín. Repetían los gobernadores Velásquez, Tablante, Salas Römer y Álvarez Paz.

Y en 1993 el periodista y excandidato presidencial José Vicente Rangel denuncia ante la Fiscalía General de la República el mal uso de la partida secreta por un monto cercano a los 250 millones de bolívares y solicita ante el fiscal un antejuicio de mérito, todo contra el presidente Pérez. El fiscal era Ramón Escobar Salom y realmente este proceso avanzó, y el 20 de mayo de 1993 se conoció la ponencia solicitada por la Corte Suprema de Justicia al magistrado Gonzalo Rodríguez Corro. Pérez se separa del gobierno y durante 15 días lo sucede el presidente del Senado, Octavio Lepage. Y luego ese mismo Congreso elige para terminar el período de Pérez al senador Ramón J. Velásquez el 5 de junio de 1993, y gobernó hasta el 2 de febrero de 1994, cuando le entregó la Presidencia de la República al presidente Caldera, que había ganado las elecciones de 1993.

Con esas elecciones termina el bipartidismo en Venezuela, porque el universo electoral se fraccionó en varias partes. Caldera ganó con el 30,46% de los votos. El partido que más sufragios recibió fue AD, 24,07%. Convergencia de Caldera obtuvo 13,43%, el MAS, que apoyaba a Caldera, 10,87%; COPEI, que apoyaba a Oswaldo Álvarez Paz, 22,80%; y la Causa R, que apoyaba a Andrés Velásquez, 20,78%. De modo que concluía el bipartidismo y el universo electoral se dividía en cuatro bloques prácticamente iguales con cuatro candidatos: Rafael Caldera, Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz y Andrés Velásquez.

Y Caldera alcanzaba entonces la presidencia de la República; ya se empezaba a manifestar un fenómeno importante en Venezuela, que fue la abstención. Fíjense estas cifras: en 1958 la abstención fue de 6,58%, en el año 63 fue de 7,79%, en el año 68 muy baja fue 3,27%, en el año 73 muy baja, 3,48%, ya en el año 78 subió a 12,45%, en el año 83 fue de 12,25%. En el año 1988 fue de 18,08% y en este año 1993 llegó a 39,84%, había un cansancio del electorado. A Caldera le tocó batallar con una crisis bancaria de grandes proporciones, le tocó batallar con un precio del petróleo muy bajo y además implementó una política de pacificación similar a la que había adelantado en su primer gobierno y sobreseyó la causa que se seguía contra los militares insurrectos de febrero y noviembre del año 1992.

Así salieron de la cárcel, de Yare, los llamados comacates, con diferentes proyectos políticos personales. Arias Cárdenas se incorporó al gobierno de Caldera en un cargo de importancia media, mientras Chávez inició su recorrido por Venezuela llamando a no participar en los futuros procesos electorales. En las encuestas de entonces Chávez contaba con un respaldo muy pequeño, no pasaba del 2% de reconocimiento. En diciembre del año 95 tuvieron lugar las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. La política de apertura petrolera que adelantaba PDVSA siguió adelante con resultados importantes y todo dentro de lo que se llamó la Agenda Venezuela, cuyo principal vocero y entusiasta fue el ministro de Cordiplán del gobierno de Caldera, Teodoro Petkoff, quien presentó el nuevo esquema de desarrollo para este país el 15 de abril de 1996.

En septiembre de 1997, justo antes de que comenzaran a bajar los precios del petróleo, la antipolítica tenía en la alcaldesa de Chacao, Irene Sáez, a una candidata que figuraba muy alto en las encuestas. Tan alto estaba el favor popular hacia ella que parecía imposible que perdiera las elecciones de 1998, ya que el apoyo que tenía rondaba el 70% del electorado, y a partir de la caída en los precios del petróleo se desplomó su candidatura, mientras subían las de dos abanderados de la antipolítica, entonces Hugo Chávez y Enrique Salas Römer. El discurso contra los partidos políticos, que fue campaña permanente de algunos medios de comunicación, había tenido resultados. Con ello contribuyó decididamente la misma conducta en los partidos políticos; no era un invento que muchos de sus dirigentes se habían distanciado de sus electores y que no estaban en sintonía con el pueblo.

A Salas Römer lo respaldaba su gestión como gobernador en Carabobo; a Chávez la oferta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y de encabezar una revolución. Lo acompañaban sectores de la izquierda, y desde la derecha militarista, algunos añorantes en las lejanas dictaduras de regímenes. El descalabro de AD y COPEI fue abrumador, quedando el bipartidismo en el olvido, aunque no la polarización electoral, ya que la mayoría de los votos se dividieron entre Chávez, 56,20%, y Salas Römer, 39,97%. Comenzaba una nueva etapa para Venezuela: la crisis del sistema de partidos políticos era severa, como es evidente. Muchos creyeron que la mesa estaba servida para que la reina de belleza y alcaldesa ganara, pero en verdad lo estaba para otra fuerza política.

Una fuerza que retomaba en muchos sentidos el mito del caudillo del siglo XIX, de la mano de una vieja izquierda y de cierta derecha autoritaria. Y así fue como Hugo Chávez alcanzó el poder. La antipolítica le abrió el camino a la izquierda autoritaria, cuando lo que estaba buscando era exactamente lo contrario. Hugo Chávez va a recibir la banda presidencial el 2 de febrero de 1999, de manos del recién electo presidente del Congreso Nacional, el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, ya que el presidente Rafael Caldera no quiso colocársela él mismo como un símbolo. Chávez, por su parte, juró sobre la Constitución moribunda de 1961, haciendo alusión a que se iniciaba un proceso constituyente que conduciría hacia la redacción de una nueva constitución y de acuerdo con lo que fue su oferta electoral.

Es necesario recordar que por decisión del Consejo Supremo Electoral de entonces, el CSE, las elecciones de diputados y senadores al Congreso Nacional, así como gobernadores y alcaldes, tuvieron lugar en noviembre de 1998, un mes antes de los presidenciales. Y ello fue ostensible del crecimiento electoral que respaldaba la candidatura de Chávez, por ello el Congreso Nacional fue presidido por uno de sus seguidores. Entonces, también la fuerza regional AD y COPEI bajó considerablemente, muchísimo. No obstante, los niveles de abstención seguían siendo muy altos, muy altos, porque la abstención fue de 36,54%, un poco más baja que la de 1993, que fue 39,84%. De modo que ese es un punto importante y las elecciones regionales de 1998 ya reflejaban un cuadro distinto en relación a las de 1995.

En nuestro próximo capítulo, el Capítulo 10, veremos entonces el proceso constituyente, los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y ofreceremos algunas conclusiones en este largo viaje de la democracia en Venezuela.